En clave de sistema penal (II)

Querid@s amig@s:

El pasado jueves, día 7, finalizó, en la Universidad de Santiago de Compostela, la Acción Integrada “La corrupción pública: retos para el sistema penal” en la que he tenido la fortuna de participar, en representación de la Universidad de Salamanca junto con otras y otros colegas de las Universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Oviedo, Salamanca y Santiago de Compostela, así como también de la Oficina Antifraude de Cataluña.  

Dos jornadas de trabajo en las que hemos reflexionado y debatido acerca de las implicaciones de las actuales manifestaciones de corrupción, desde una perspectiva multidisciplinar y bajo la lupa del sistema penal: la corrupción pública y en los negocios, los mecanismos de compliance o la política criminal de recuperación de activos han sido los ejes fundamentales de nuestras sesiones de trabajo. 

Al hilo de lo compartido en estos dos días, quisiera dejar plasmadas algunas de mis reflexiones, en forma de notas breves:

1. La corrupción es un fenómeno poliédrico, cuyos efectos negativos pueden afectar a todos los ámbitos de una comunidad social, comprometiendo el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones.

2. El combate a la corrupción, para ser efectivo, debe mirar más allá del mero enjuiciamiento y sanción de comportamientos o manifestaciones particulares. Debe incluir políticas de sensibilización y prevención, en su más amplio sentido, así como potenciar los mecanismos que impidan que la comisión de estos hechos ilícitos resulte rentable.

3. El correcto abordaje de la corrupción no puede hacerse, exclusivamente, desde el Derecho -y mucho menos solo desde el Derecho penal-. Debemos facilitar el estudio y el trabajo multidisciplinar, valorando las aportaciones de otros profesionales y disciplinas como la economía, la sociología, la psicología, o la educación, entre otros.

4. Desde el plano de la intervención penal, debemos tratar esta fenomenología criminal desde un ángulo abierto: no se trata de valorar únicamente la eficacia de unos determinados tipos penales, sino expandir nuestro análisis, adoptando criterios de otras ramas como la criminología, la política criminal o la victimología, así como de otras disciplinas jurídicas como el Derecho constitucional, administrativo o procesal.

5. En resumen, la lucha contra la corrupción necesita de un incremento significativo de la conciencia social en torno a ella. Y esto es tarea de todos: actores públicos y privados; particulares e entidades, más allá de intereses políticos, económicos o de cualquier otra índole.

Para finalizar, os dejo una muestra de mi aportación a las jornadas:

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